Prohibición de apuestas en Brasil: entre la medida provisoria y el control del STF
En Brasil, Lula dictó una medida provisoria para prohibir las apuestas. La Constitución le permite hacerlo con fuerza de ley inmediata cuando concurren relevancia y urgencia. Pero aquí la «urgencia» parece más «política» que «jurídica»: el propio Estado autorizó a los operadores por años y ahora pretende cerrar el mercado en cuestión de días.
El Congreso puede convertir la medida en ley, modificarla o rechazarla. Primero la examina una comisión mixta de diputados y senadores; después votan, por separado, la Cámara de Diputados y el Senado. El problema es que los sitios deben cerrar antes de que concluya ese debate.
Ahí entra el verdadero protagonista de las controversias constitucionales brasileñas: el Supremo Tribunal Federal (STF).
La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) y el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) hicieron una jugada audaz. Como amici curiae, pidieron al ministro Luiz Fux suspender la medida provisoria en las ADI 7721, 7723 y 7749.
La ironía es singular: esas tres acciones cuestionan el marco regulatorio que permite las apuestas.
La jugada enfrenta un problema procesal. Por regla general, un amicus curiae no puede solicitar una cautelar propia contra una norma que ni siquiera formaba parte del objeto original de los procesos. Las asociaciones sostienen que Fux puede intervenir para preservar la utilidad práctica de la futura sentencia. ANJL también presentó una acción directa contra la medida provisoria: la ADI 8027.
Fux fue nombrado ministro del Supremo por Dilma Rousseff. Es el relator de las tres ADI anteriores, aunque eso no significa que toda nueva acción le corresponda automáticamente. Si examina el pedido, podría dictar una decisión individual urgente, sujeta después a revisión por el Pleno: suspender la prohibición, limitar sus efectos o dejarla vigente.
¿Sus precedentes permiten esperar que proteja la seguridad jurídica y evite un caos de consecuencias imprevisibles? Fux ha impuesto restricciones a las apuestas para proteger a las personas vulnerables. También ha frenado el cierre obligatorio de cuentas cuando advirtió un riesgo de daño irreversible. Sus decisiones muestran atención a ambos intereses; no permiten anticipar cómo responderá a esta prohibición.
Lula hizo el primer movimiento. El Congreso puede responder. Pero, sobre la constitucionalidad de esta medida, la última palabra corresponde al STF. Y antes de esa última palabra, lo que decida Fux podría cambiar toda la partida. Previamente publicado en: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7510780079988338689/
